Las sanciones propuestas incluyen penas de prisión de hasta 15 años para las relaciones homosexuales y de al menos siete años para quienes promuevan la homosexualidad. Además, la ley impone restricciones severas a los tratamientos de reasignación de género y a la expresión de género a través del vestuario, con penas de cárcel y multas.
La oficina liderada por Volker Türk ha expresado su preocupación por cómo esta legislación podría legitimar la discriminación y exponer a la comunidad LGTBI a violencia y negación de servicios esenciales. En un gesto de solidaridad, el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, ha condenado estas medidas y ha reafirmado el compromiso de la UE con la lucha contra la discriminación.
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